El Juzgado de lo Social nº 1 de Guadalajara ha condenado al Ayuntamiento de Almoguera a indemnizar con 20.000 euros a una celadora de un centro de viviendas tuteladas que sufrió insultos, vejaciones, amenazas e incluso agresiones físicas por parte de un usuario del servicio durante tres años, sin que el consistorio adoptara medidas efectivas para protegerla.
Falta de actuación del Ayuntamiento
A pesar de que la trabajadora denunció en múltiples ocasiones los hechos, el Ayuntamiento no tomó medidas inmediatas ni activó protocolos de protección. La sentencia recoge que la empleada vio traicionada su confianza en la institución al comprobar cómo pasaba el tiempo sin que se actuase, lo que generó un deterioro progresivo en su salud psicológica.
El juzgado reconoce que, aunque no se acredita un caso de acoso laboral (mobbing), sí se produjo un quebranto de la integridad moral de la trabajadora, generado por el clima laboral hostil y el incumplimiento del deber de protección por parte del empleador.
Un protocolo que llegó tarde
El consistorio solo adoptó medidas tras la intervención de la Inspección de Trabajo, aprobando un protocolo contra el acoso con tres años de retraso. Además, la primera actuación formal —la convocatoria de la Mesa para tratar el problema— se realizó tres meses después de decidir actuar, lo que evidencia, según el juzgado, una actitud de desinterés o pasividad por parte del Ayuntamiento.
Solo tras un expediente administrativo fallido contra el usuario, se optó por alejar a la trabajadora del foco del conflicto, pero esta medida tardó otro año más en aplicarse.
Conclusión del juzgado
La sentencia considera que se ha vulnerado el derecho a la dignidad personal y a la integridad moral de la trabajadora, lo que justifica la indemnización. Se valora especialmente la duración de los hechos, la pasividad institucional y la ausencia de protocolos adecuados durante años.
Fuente: noticias.juridicas.com
