Un agente de la Guardia Civil ha sido indemnizado con 111.845,58 euros por las lesiones sufridas durante un acto de servicio, tras intervenir en un robo en una vivienda en La Mojonera (Almería) en noviembre de 2020. El agente, afiliado a la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), requirió 437 días de recuperación debido a las lesiones ocasionadas por un fuerte empujón del agresor, que lo derribó violentamente al suelo.
Sentencia favorable… pero sin cobro inmediato
Aunque el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Almería dictó sentencia en septiembre de 2023 reconociendo el derecho a la indemnización, el guardia civil no pudo cobrar en su momento la cantidad reconocida, ya que el agresor fue declarado insolvente. Esta situación obligó al agente a reclamar la compensación a la Administración General del Estado, en virtud de la normativa que garantiza protección económica a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando el autor del delito no puede afrontar su responsabilidad civil.
El caso: tentativa de robo y agresión a un agente
Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2020, cuando el acusado, acompañado por otra persona no identificada, accedió a dos viviendas con ánimo de robo. Al ser interceptado por el guardia civil, lo empujó con fuerza, provocando una caída que acabó causándole importantes lesiones físicas.
El agresor fue condenado por:
- Un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa: 1 año y 8 meses de prisión.
- Un delito de atentado a agente de la autoridad: 6 meses de prisión.
- Un delito de lesiones: multa de 720 euros.
- Indemnización al agente por importe de 111.845,58 euros.
La Administración, responsable subsidiaria
Dado que el condenado no pudo hacer frente a la indemnización, la responsabilidad civil subsidiaria fue asumida por el Estado. Según explica el abogado Fran Peláez, responsable jurídico de APROGC, “tras el archivo inicial en instrucción y la posterior declaración de insolvencia del condenado, fue necesario recurrir a la vía administrativa para que se reconociera la obligación del Estado de abonar la cantidad fijada judicialmente”.
Finalmente, tras un complejo proceso legal y administrativo, la Administración ha pagado la cuantía íntegra al agente lesionado, poniendo fin a un caso que ha requerido una larga batalla judicial y la implicación constante de la asociación profesional.
Esta resolución evidencia la protección legal de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y el respaldo del Estado cuando el agresor no puede asumir su responsabilidad civil.
Fuente: noticias.juridicas.com
