El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Soria, tras sancionar con 700 euros a una abogada que no compareció en una diligencia judicial al encontrarse de baja médica por embarazo de riesgo con prescripción de reposo absoluto.
La letrada, colegiada del ICAM, había solicitado la suspensión de la vista prevista para el 14 de mayo, aportando un informe médico que acreditaba un alto riesgo de preeclampsia y la necesidad de reposo completo. Sin embargo, el juzgado denegó dicha solicitud, ofreciendo como única alternativa su intervención telemática desde el domicilio. Tras no comparecer ni en esa fecha ni en una segunda citación dos días después, el juez designó a un abogado de oficio para el investigado y acordó iniciar expediente sancionador contra la letrada por incomparecencia injustificada.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha remitido un escrito formal al CGPJ solicitando que se investigue si la actuación del juez pudo haber vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la protección de la salud, a la conciliación profesional y familiar, y al ejercicio de la abogacía en condiciones dignas y seguras. Ribón ha subrayado que obligar a una profesional embarazada a intervenir telemáticamente desde su domicilio, pese a una prescripción médica de reposo absoluto, es una situación incompatible con un Estado de Derecho.
El ICAM prepara un amparo colegial urgente para la abogada afectada, y ha anunciado que trasladará el caso también al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Soria para que valoren posibles acciones desde el punto de vista institucional y deontológico.
En el comunicado, el Colegio recuerda que el artículo 43 de la Constitución reconoce expresamente el derecho a la protección de la salud, derecho que ha sido reforzado por normas recientes como el Real Decreto-ley 5/2023 y la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, que permiten suspender actuaciones judiciales en casos de baja médica, embarazo o cuidados familiares.
Desde el ICAM también se ha advertido del posible perjuicio que esta decisión judicial podría haber causado al propio investigado, quien fue sustituido en su defensa sin consentimiento ni garantía de continuidad.
Este caso se suma a un contexto preocupante: según el informe publicado por el ICAM en el Día de la Abogacía en Riesgo, durante 2024 se ha producido un aumento del 200% en las solicitudes de amparo por agresiones, amenazas o acoso en el ejercicio profesional, especialmente en el turno de oficio y entre mujeres. Este repunte de incidencias, que han pasado de 35 a 79 en un solo año, revela una creciente vulnerabilidad del colectivo profesional.
El ICAM reitera que garantizar la salud y seguridad de quien ejerce la defensa no solo es una cuestión de derechos individuales, sino una garantía esencial para preservar el derecho de defensa de la ciudadanía.
Fuente: economistjurist.es
