Cada vez son más frecuentes los casos en los que una persona firma un contrato de alquiler de larga duración o vacacional con el único propósito de quedarse en la vivienda sin pagar, obligando al propietario a acudir a la vía judicial civil para recuperar su inmueble. Sin embargo, esta práctica, conocida ya como “inquiocupación”, empieza a tener respuesta en la jurisdicción penal como un delito de estafa, lo que permite acelerar los desalojos y evitar que los arrendadores sufran largos e injustos procesos judiciales.
¿Qué es la inquiocupación y en qué se diferencia del impago ordinario?
La inquiocupación consiste en ocupar una vivienda mediante contrato con dolo desde el inicio, es decir, con la intención premeditada de no pagar la renta o no marcharse al vencer el plazo del contrato, especialmente en los arrendamientos de tipo vacacional.
No debe confundirse con el impago ordinario, que ocurre cuando un inquilino deja de abonar la renta tras varios meses, por causas sobrevenidas como desempleo o dificultades económicas. En ese caso, el conflicto es civil. Pero cuando el impago es inmediato tras la firma del contrato, o el inquilino no abandona la vivienda tras un alquiler vacacional de pocos días, se entiende que ya existía intención de defraudar desde el inicio.
¿Qué dice la ley?
El artículo 250.1.1º del Código Penal contempla como delito de estafa agravada los casos que afectan a bienes inmuebles, como puede ser una vivienda arrendada mediante contrato. Para que exista estafa, debe probarse que hubo dolo coetáneo a la firma del contrato, es decir, que el arrendatario ya sabía que no pagaría ni entregaría la vivienda.
Los tribunales empiezan a considerar que estos supuestos no son simples incumplimientos contractuales, sino auténticas estafas. Esto permite que se interpongan querellas penales y se soliciten medidas cautelares de desalojo inmediato, incluso sin que el inquilino pueda alegar “vulnerabilidad”.
¿Qué consecuencias tiene para los arrendadores?
- Mayor protección legal: el arrendador puede acudir a la vía penal, evitando la dilación de los procesos civiles.
- Desalojo inmediato: al tratarse de un presunto delito de estafa, los jueces pueden ordenar la expulsión urgente del inquilino sin aplicar la demora de los procedimientos civiles.
- Inviabilidad de alegar vulnerabilidad: al haber dolo en el momento de firmar el contrato, no se aplican los mecanismos de protección social pensados para situaciones de buena fe.
¿Cómo actuar ante un caso de inquiocupación?
- Recopilar pruebas del dolo inicial: por ejemplo, impago desde el primer momento, negativa a abandonar tras un alquiler vacacional muy breve, o indicios de fraude.
- Presentar denuncia o querella penal ante el juzgado de guardia o de instrucción, por un delito de estafa (art. 250.1.1º CP).
- Solicitar medida cautelar de desalojo inmediato, dada la urgencia y el perjuicio económico que supone al arrendador.
- Aportar pruebas de que el contrato se firmó con ánimo de defraudar, evitando que el inquilino alegue vulnerabilidad o amparo de protección social.
El fenómeno de la inquiocupación ya no se considera solo un problema civil. Si el inquilino actúa con intención fraudulenta desde el inicio, se configura un delito de estafa, lo que permite intervención penal rápida y eficaz. Esta vía protege a los arrendadores y permite recuperar sus viviendas sin esperar meses a una resolución civil. La justicia ya ha empezado a responder ante este nuevo modelo de fraude inmobiliario.
Fuente: Confilegal.com
