El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado una orden ministerial, publicada en el BOE, que garantiza el pago de la asistencia jurídica gratuita correspondiente a 2026 y la liquidación de los meses pendientes de noviembre y diciembre de 2025 a abogados, procuradores y otros profesionales que prestan estos servicios.
Dotación económica aprobada
La orden establece las siguientes subvenciones anuales:
- 46,4 millones de euros para el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), destinados a retribuir los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados por abogados.
- 1,8 millones de euros adicionales para cubrir impagos del turno de oficio y liquidaciones pendientes desde el último trimestre de 2019.
- 5,03 millones de euros para el Consejo General de los Procuradores de España, en concepto de indemnización a los profesionales de la procura en asuntos de justicia gratuita.
- 1,01 millones de euros para el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, destinados a la asistencia psicológica a víctimas.
Los consejos profesionales deberán abonar las cuantías pendientes de los dos últimos meses de 2025 antes de que finalice el primer trimestre del año.
Novedad: inclusión de los MASC
Como novedad relevante, la orden incluye entre los servicios indemnizables la actuación de los abogados en los medios adecuados de solución de controversias (MASC). Esta medida se alinea con la Ley de Eficiencia de la Justicia, que obliga a las partes en conflictos civiles a intentar una negociación extrajudicial previa antes de acudir a los tribunales.
Valoración de la Abogacía
El Consejo General de la Abogacía Española ha valorado positivamente la medida, calificándola como un “avance”. No obstante, su presidente, Salvador González, ha señalado que se seguirá trabajando para atender reivindicaciones históricas del sector, entre ellas:
- El incremento y actualización periódica de las retribuciones.
- Una mayor agilidad en los pagos.
- Más especialización y extensión de los servicios.
- La eliminación de desigualdades territoriales.
- La garantía de abono por todas las actuaciones realizadas.
La orden ministerial supone un paso importante para asegurar la financiación y continuidad de la justicia gratuita, regularizando deudas pendientes y adaptando el sistema a las nuevas exigencias legales, aunque la Abogacía insiste en la necesidad de reformas estructurales para dignificar y reforzar el turno de oficio.
Fuente: eleconomista.es
