El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha determinado que las empresas de seguridad están obligadas a cubrir los costos de renovación del permiso de armas, la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), así como los exámenes médicos y psicotécnicos necesarios para sus vigilantes.
La Sala fundamenta su decisión en el Estatuto de los Trabajadores, la normativa de prevención de riesgos laborales y el Convenio Colectivo estatal de empresas de seguridad. Según la sentencia, la formación en seguridad y prevención es un derecho de los trabajadores y una obligación del empleador, tanto al momento de la contratación como ante cualquier cambio en sus funciones o en los equipos de trabajo.
Desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, la empresa tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la protección efectiva de sus trabajadores, lo que incluye proporcionar formación suficiente y adecuada. En este contexto, la renovación de la TIP y la licencia de armas no puede desvincularse de estas obligaciones, ya que son requisitos indispensables para el desempeño de sus funciones.
El tribunal también señala que esta formación no solo beneficia a los vigilantes, quienes reciben un plus de peligrosidad por portar armas, sino también a la empresa, que solo puede ofrecer servicios de vigilancia con personal debidamente habilitado según la Ley de Seguridad Privada.
Asimismo, la sentencia descarta el argumento de que los vigilantes puedan trabajar para varias empresas con la misma TIP y licencia de armas como justificación para trasladarles estos costos. Se establece un paralelismo con los permisos de conducir para conductores profesionales, cuyos costos de formación y renovación asumen las empresas.
Con esta sentencia, el TSJ de Castilla y León refuerza la obligación de las empresas de seguridad de asumir el costo de las tasas y exámenes necesarios para la renovación del permiso de armas y la TIP de sus vigilantes. Estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad y salud en el trabajo y forman parte del derecho de los trabajadores a recibir una formación adecuada sin que ello suponga un gasto para ellos.
Fuente: noticias.juridicas.com
