Es una escena clásica: una empresa empieza a picar una pared o a levantar un suelo y, de repente, una fuga de agua inunda el edificio. La excusa más habitual de las constructoras suele ser que «la tubería no figuraba en los planos» o que «estaba en un lugar inesperado». Sin embargo, la justicia ha dejado claro que un profesional debe actuar con pericia y precaución.
El caso: Una negligencia durante la ejecución
En esta ocasión, una empresa de obras fue condenada a indemnizar a una comunidad de propietarios con 6.600 euros para cubrir la reparación de los daños causados por la rotura de una tubería comunitaria mientras realizaban trabajos en la finca.
El tribunal fundamenta la condena en los siguientes puntos:
- La responsabilidad del profesional: Se presupone que una empresa de obras tiene los conocimientos técnicos necesarios para prever la existencia de canalizaciones. No basta con alegar ignorancia; el profesional tiene el deber de localizar las instalaciones antes de actuar.
- La «Lex Artis»: Las empresas deben seguir las reglas de su oficio. Picar de forma indiscriminada sin realizar catas previas o sin consultar con los servicios técnicos de la comunidad se considera una falta de diligencia profesional.
- Nexo causal evidente: Si el daño se produce como consecuencia directa de la actividad de la obra, la empresa (y su seguro de responsabilidad civil) debe hacerse cargo de devolver el elemento dañado a su estado original.
¿Qué debe hacer la Comunidad ante un siniestro de este tipo?
Para garantizar que la empresa de obras asuma el coste y no acabe pagándolo el seguro de la comunidad (con la consiguiente subida de prima), es vital seguir estos pasos:
- Acta de pruebas: Fotografiar el origen de la rotura antes de que se tape y, si es posible, que el conserje o un administrador levante acta de lo sucedido.
- Informe del fontanero: Contar con un informe técnico que especifique que la rotura fue causada por un impacto externo (maquinaria, herramientas) y no por el deterioro natural del material.
- No aceptar el «yo lo arreglo»: A veces las empresas ofrecen parches rápidos. La comunidad tiene derecho a que la reparación sea integral y garantizada por un profesional cualificado.
¿Y si la empresa alega que la tubería estaba en mal estado?
Es un argumento de defensa común. Sin embargo, los tribunales suelen considerar que, aunque la tubería fuera vieja, si no se hubiera producido el impacto de la obra, la tubería no se habría roto en ese momento. La empresa solo podría librarse de parte de la responsabilidad si demuestra que la rotura era inevitable por un estado de corrosión extremo, algo muy difícil de probar si el daño lo causó un golpe.
Esta sentencia refuerza la protección de las comunidades frente a las malas prácticas en las reformas. Antes de iniciar cualquier obra en las zonas comunes, es fundamental exigir a la empresa su Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil en vigor. Si el operario rompe una tubería, es la empresa —y no los vecinos— quien debe asumir hasta el último euro de la reparación.
Fuente: Economist & Jurist
