El Tribunal Supremo ha establecido una doctrina relevante sobre la veracidad y prueba de los préstamos entre familiares, fijando pautas precisas que la Administración Tributaria debe tener en cuenta al verificar ingresos no declarados en cuentas bancarias.
El contrato no basta por sí solo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo aclara que no es suficiente acreditar la existencia formal del préstamo mediante un contrato. Para que Hacienda acepte el origen de los fondos como préstamo familiar, es imprescindible demostrar la realidad económica de la operación.
En concreto, debe acreditarse:
- La salida efectiva del dinero del patrimonio del prestamista.
- El medio de transmisión utilizado (transferencia, cheque, etc.).
- La entrada de los fondos en la cuenta del prestatario.
Sin estas pruebas objetivas, la Administración puede rechazar la justificación del ingreso y proceder a su regularización.
Consecuencias fiscales si no se acredita el préstamo
Cuando Hacienda detecta ingresos no declarados y el contribuyente no puede probar que proceden de un préstamo familiar real, resulta de aplicación el artículo 39 de la Ley del IRPF.
Los efectos son relevantes:
- El importe se califica como ganancia patrimonial no justificada.
- Se integra en la base general del IRPF, y no en la base del ahorro (con tipos más bajos).
- Se exige el pago de la cuota tributaria, intereses de demora y sanciones, que pueden oscilar entre el 50 % y el 150 % de la cuota resultante.
Qué exige el Supremo para evitar la regularización
El Tribunal Supremo precisa que, para evitar que el ingreso sea tratado como ganancia patrimonial no justificada, deben acreditarse de forma simultánea tres elementos:
- Título jurídico válido, mediante un contrato de préstamo correctamente formalizado.
- Realidad de la transmisión, probando el movimiento efectivo del dinero.
- Identificación del origen de los fondos, indicando quién entrega el dinero y por qué medio.
La sentencia refuerza el criterio de que los préstamos familiares deben documentarse y ejecutarse con rigor, ya que el contrato, sin respaldo económico real, no protege frente a una regularización tributaria. La doctrina del Supremo exige coherencia entre la forma jurídica y la realidad patrimonial, elevando el nivel de prueba exigible al contribuyente frente a Hacienda.
Fuente: economistjurist.es
