El funcionario fue condenado por la Audiencia Provincial de Bizkaia por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos, así como por un delito de actividades prohibidas para funcionarios públicos. Su función como informador de tributos le otorgaba acceso a datos tributarios, pero no tenía autorización para consultar cierta información específica de empresas.
A pesar de no estar autorizado, accedió a dichos datos con la intención de beneficiar a sus clientes, quienes eran también clientes de su asesoría fiscal. El funcionario poseía una participación en dicha asesoría, lo que le permitió utilizar la información confidencial obtenida para actuar de manera ventajosa ante la Hacienda Foral de Bizkaia en nombre de sus clientes.
La Audiencia lo condenó a penas de prisión de 2 años y 6 meses por cada uno de los cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos, así como a una multa por el delito de actividades prohibidas para funcionarios públicos. Se destacó que estas penas fueron impuestas en su extensión mínima debido a la proporcionalidad de los hechos y la ausencia de un plan preconcebido, así como la falta de un perjuicio económico demostrable para la Hacienda Foral de Bizkaia o para las personas afectadas por el uso indebido de los datos fiscales.
Fuente: noticias.juridicas.com