El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid ha anulado una orden de demolición emitida por el Ayuntamiento de Madrid contra una vivienda del sector 6 de la Cañada Real. La sentencia se basa en que la construcción, finalizada en los años 80, ha superado el plazo legal de cuatro años para su derribo, quedando así «fuera de ordenación», lo que impide su demolición.
Prescripción del derribo según la Ley del Suelo
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece que las construcciones sin licencia solo pueden ser derribadas en los cuatro años posteriores a su finalización. Transcurrido este plazo, pasan a estar «fuera de ordenación», lo que les otorga el derecho a permanecer en uso indefinidamente.
El juez concluye que el Ayuntamiento de Madrid ha actuado fuera de plazo, por lo que la vivienda no puede ser demolida, a pesar de que su uso como residencia no esté permitido según el Plan de Ordenación Urbana.
Pago del IBI y reconocimiento de derechos adquiridos
La familia que reside en la vivienda, de origen marroquí, se mudó en 2002 y ha pagado regularmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta su exclusión del catastro en 2011. La defensa argumentó que la Ley 2/2011 de Cañada Real ampara los derechos adquiridos de los residentes, lo que refuerza su derecho a permanecer en la vivienda.
Corte de suministro eléctrico en la Cañada Real
El sector 6 de la Cañada Real lleva cuatro años sin suministro eléctrico, a pesar de que muchas familias han intentado regularizar su situación mediante contratos de suministro. La Comunidad de Madrid ha rechazado esta opción, aunque el Defensor del Pueblo ha recomendado en tres ocasiones restablecer la electricidad en las viviendas «fuera de ordenación».
El próximo 26 de febrero de 2025, el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa emitirá su decisión sobre la denuncia presentada contra el Estado español por el corte de luz en la Cañada Real. Se prevé que la resolución declare vulnerados varios derechos recogidos en la Carta Social Europea.
El despacho de abogados que ha llevado el caso destaca que esta sentencia sienta un precedente para otras viviendas en situación similar, reafirmando la necesidad de garantizar el acceso a servicios básicos conforme a los acuerdos del Pacto Regional de Cañada Real y las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Fuente: noticias.juridicas.com
