Según la sentencia analizada por Economist & Jurist, la empresa acreditó que la empleada ocupaba la vivienda sin cumplir los requisitos legales ni contractuales exigidos para este tipo de inmuebles protegidos. La conducta fue considerada especialmente grave por la incompatibilidad entre sus funciones profesionales —relacionadas con la gestión de vivienda protegida— y su actuación personal.
El órgano judicial declaró procedente el despido al apreciar una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza. Se subraya que la trabajadora conocía perfectamente la normativa aplicable y las condiciones de acceso a estas viviendas, por lo que su comportamiento resultaba incompatible con la lealtad exigible en la relación laboral.
En consecuencia, el tribunal avala la decisión empresarial al entender que la conducta de la empleada justificaba la máxima sanción disciplinaria.
Fuente: economistjurist.es
