La proliferación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en el espacio urbano ha llevado al regulador a equiparar paulatinamente el uso de estos vehículos con el de los ciclomotores o turismos en materia de responsabilidad civil y control administrativo. Según advierte la OCU, la ausencia de documentación, el incumplimiento en la contratación del seguro obligatorio o la falta de certificado de circulación supondrán sanciones económicas acumuladas de gran magnitud para los infractores.
Las nuevas obligaciones administrativas para los usuarios de VMP
El nuevo marco normativo exige a los propietarios de patinetes eléctricos cumplir con tres requisitos indispensables para poder circular por vías públicas:
- Certificado de circulación y ficha técnica: Todos los VMP comercializados o en uso deben contar con el certificado oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT) que garantice el cumplimiento de las características técnicas de seguridad (frenado, iluminación, catadióptricos y límite de velocidad a 25 km/h).
- Registro y matriculación: Creación de un registro oficial vinculante donde cada vehículo debe quedar identificado con su correspondiente código o placa de matriculación.
- Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio: Garantía de cobertura ante posibles daños corporales o materiales causados a terceros en caso de atropello o colisión.
El incumplimiento simultáneo de estas obligaciones da lugar a la tramitación de expedientes sancionadores por infracciones administrativas graves y muy graves, cuyo importe total alcanza cifras elevadas:
- Circular sin seguro obligatorio: La multa estándar por carecer del seguro de responsabilidad civil para este tipo de vehículos se sitúa en torno a los 800 euros.
- Circular sin registro o matrícula habilitante: La falta de la correspondiente placa de identificación o certificado acarrea sanciones de 200 euros.
- Incumplimientos técnicos adicionales: Elementos como la falta de casco en los municipios donde su ordenanza lo exige (200 €), el uso de auriculares (200 €) o la conducción por aceras y zonas peatonales (200 €) incrementan notablemente el importe final.
Más allá de la sanción económica, el mayor riesgo para el usuario radica en la responsabilidad patrimonial directa:
- Inmovilización del vehículo: Los agentes de la autoridad procederán al precinto y depósito del patinete eléctrico que carezca de la documentación o seguro obligatorio.
- Cobertura de indemnizaciones: En caso de producirse un atropello o accidente con heridos, si el propietario no cuenta con seguro de responsabilidad civil, responderá de forma ilimitada con todo su patrimonio presente y futuro para sufragar las indemnizaciones por daños personales o secuelas.
Las nuevas exigencias legales ponen fin a la etapa de vacuidad regulatoria de la movilidad personal. Antes de poner en marcha un patinete eléctrico en vía pública, los usuarios deben verificar que el modelo cumple con la homologación exigida por la DGT y formalizar la póliza de responsabilidad civil adecuada para evitar severas multas de tráfico y contingencias patrimoniales tras un eventual siniestro.
Fuente: noticias.juridicas.com
